Los Bomberos se han visto obligados, por prudencia, en la tarde de ayer martes a desalojar un nuevo edificio en la Plaza Fuente del Trébol de San Fernando. En este caso, el número 8, que presentaba fisuras no estructurales, que han descuadrado algunas puertas y que ha obligado a que 52 vecinos tuvieran que abandonar sus casas hasta que técnicos de la Comunidad evalúe con mayor exactitud el edificio, desde entonces se ha cerrado hasta en nueve ocasiones para realizar trabajos de consolidación: la última, en agosto, que todavía lo mantiene sin actividad.

Desde 2007 los sanfernandinos han visto afectadas su vidas por los problemas de la Línea 7B de Metro que ha hecho al Gobierno regional sacar a varios centenares de vecinos de sus casas en este periodo.

Se da la circunstancia de que bajo el edificio, la Comunidad de Madrid lleva semanas inyectando hormigón y mortero. Además, la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Transporte e Infraestructuras realizó este martes trabajos de auscultación en la plaza. Se comprobó que «los edificios están estables tras realizar labores de consolidación del terreno, es decir, después de inyectar hormigón debajo de la zona», informan desde el área. Solo horas más tarde, ha sufrido el desalojo exprés.

Quejas y movilizaciones
El alcalde sanfernandino, Javier Corpa, ha alertado del desalojo, atribuyéndolo además a los problemas originados por la Línea 7B de Metro de Madrid.

Corpa ha trasladado su apoyo a los vecinos afectados por estos desalojos. «Vamos a ir informando de aquellos pasos y decisiones que tome la Comunidad de Madrid que afecten a estos vecinos y vuelvo a decir que en San Fernando estamos hartos y no podemos seguir así», ha expresado el regidor.

Por ello, ha vuelto a pedir soluciones «definitivas» ante esta situación y ha afirmado que en este edificio la Comunidad lleva «muchas semanas» inyectando hormigón y mortero.

En este contexto, la plataforma de Afectados de Metro L7B de San Fernando ha convocado una manifestación para este domingo que recorrerá desde Callao hasta la Puerta del Sol para denunciar el «sadismo», «maltrato» y «desinformación» al que aseguran que la Comunidad de Madrid les tienen sometidos desde hace ya 15 años.

Trabajos en la zona
La Dirección General de Infraestructuras lleva realizando labores de consolidación de los terrenos afectados en el municipio desde el pasado 13 de octubre, que abarcarán 10.000 metros cuadrados y que afectan, principalmente, a las calles Rafael Alberti, Presa, Pablo Olavide, Francisco Sabatini y Nazario Calonge.

En paralelo, el Ejecutivo Autonómico asegura que continúa reuniéndose con los vecinos, a los que «ha escuchado y explicado que el Gobierno regional invertirá más de 120 millones de euros para continuar con las actuaciones integrales en el municipio, cuyo objetivo es salvaguardar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos afectados por la L7b de Metro».

Por otra parte, la Administración regional ha creado un registro auxiliar donde los vecinos podrán aportar cualquier documentación que estimen oportuno sin tener que desplazarse a cualquier otra instancia de la administración pública, autonómica o local.

Este servicio, que ya está funcionando, está ubicado en la Oficina de Información que la Administración autonómica puso en marcha el pasado mes de octubre para atender a los vecinos que quieran conocer más datos sobre el estado de sus indemnizaciones, de los anticipos, estado de las obras, los proyectos y de cualquier otra cuestión.

Javier Corpa: “La Comunidad de Madrid tiene la obligación de dar una salida a estas familias”
El alcalde, Javier Corpa; volvió a denunciar “maltrato” y “falta de humanidad” por parte de la Comunidad, única administración con competencias sobre esta infraestructura. Ningún responsable del Gobierno regional se reunió, ayer, con estos vecinos, que han pasado la noche en apartahoteles o alojamientos de familiares y amigos bajo total incertidumbre. “Lo que está ocurriendo es inadmisible”, aseveró el primer edil quien, esta mañana, se presentó en la oficina de atención habilitada por el Ejecutivo autonómico y radicada en la calle Ventura de Argumosa, y manifestó que “no iba a moverse de allí hasta ser informado”. Finalmente, fue recibido por personal técnico y por el director general de Infraestructuras, Miguel Nuñez.