La Comunidad de Madrid promoverá acciones en materia de Vivienda y Administración local para ayudar a dinamizar la economía y contribuir a una pronta recuperación. Así lo ha subrayado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid.
Pérez ha desgranado las actuaciones llevadas a cabo en la Consejería de Vivienda. El objetivo es “prevenir y proteger a la población y buscar alternativas para una pronta recuperación”.
El Plan Alquila continua atendiendo a aquellos que pudieran encontrarse en situación de vulnerabilidad, de manera que continúen con sus contratos de arrendamiento. Se han llevado a cabo 406 intermediaciones sobre 2.908 consultas, además de hacerse 10.579 atenciones telemáticas de diversa índole, y otras 2.413 atenciones telefónicas.
La Oficina de atención Ciudadana ha resuelto 4.106 consultas de asuntos relacionados con vivienda. Se ha mantenido una constante coordinación con el Colegio de Administradores de Fincas, así como una atención a las 200.000 comunidades de vecinos de la región, en la identificación de inquilinos mayores en situación de soledad, para establecer un seguimiento.
A pesar de las dificultades, la Comunidad de Madrid ya ha abonado el pago a la mitad de los beneficiarios de las Ayudas al Alquiler 2019, por un importe de casi 8 millones de euros, ultimándose el abono al resto de beneficiarios pendientes de pago toda vez que se reactiven los plazos administrativos suspendidos.
Pese a casi llevar 40 días de retraso por parte del Gobierno en abonar las ayudas en materia de vivienda, del que Madrid recibirá 15,9 millones de euros, la Comunidad ya trabaja para establecer los requisitos de acceso y proceder a otorgar estas ayudas, así como en el Acuerdo de Consejo de Gobierno autorizar el gasto para hacerlas efectivas lo antes posible.
Por otra parte, sí se han transferido los fondos correspondientes al Plan Estatal de Vivienda, con lo que la Comunidad dispondrá de otros 17,3 millones de euros para ayudas en materia de vivienda.
El consejero ha defendido la necesidad de abordar un gran Pacto Regional por la Vivienda, que sirva para afrontar los efectos económicos.
Este pacto ha sido acordado con los principales agentes del sector inmobiliario madrileño. En él contempla aspectos como la colaboración público-privada, una fiscalidad flexible, mayor seguridad jurídica, o el apoyo a una economía social en materia de vivienda. Esto permitirá que este sector pueda convertirse en uno de los principales motores de la reactivación económica.
REDUCCION DE ALQUILERES EN LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL
Desde el inicio del confinamiento la Agencia de la Vivienda Social (AVS) ha llevado a cabo un total de 8.856 actuaciones sociales. Una de las primeras medidas adoptadas ha sido tramitar la reducción de la renta de alquiler a inquilinos de viviendas sociales afectados por la pandemia.
Pueden acogerse a esta medida arrendatarios de la AVS que despedidos o afectados por un ERTE, y autónomos que han sufrido una caída en sus ingresos de al menos el 40%. Esta ayuda ha supuesto la reducción al mínimo del precio de alquiler, mediante el pago de una cuota de 46,56 euros por la vivienda y 4,54 euros por plaza de garaje, e incidirá directamente en más de 5.000 familias que actualmente no se benefician de otras ayudas de la Agencia,. Esto supondrá más de 1,3 millones de euros en ayudas directas.
La reducción que están obteniendo los inquilinos es de casi un 85% sobre la renta que estaban pagando. La Comunidad ha atendido 8.782 requerimientos de beneficiarios interesados, tramitando 603 solicitudes, de las cuales un 75% están destinadas a situaciones de vulnerabilidad por ERTEs.
Se ha establecido un periodo de carencia en la renta de arrendamiento de locales de la AVS, para afrontar el impacto económico y social ocasionado. Esta medida afecta a 157 inmuebles, con una ayuda superior a 67.000 euros. Hasta la fecha se han tramitado 91 solicitudes para su aplicación.
ATENCIÓN A LOS 179 MUNICIPIOS DE LA REGIÓN
La Comunidad de Madrid ha remitido hasta 22 comunicaciones a los ayuntamientos regionales, indicándoles pautas de actuación y recomendaciones.
Se han superado las 1.000 consultas, resolviendo cuestiones como desabastecimientos de bienes de primera necesidad, asistencia y desinfección en residencias y centros locales, así como consultas administrativas y municipales. Más de un 80% de municipios han sido desinfectados gracias a la UME, voluntarios, Protección Civil, policías locales y agricultores. Muchas de estas actuaciones han contado con la coordinación del Comisionado para la Despoblación Rural.
Desde el punto de vista administrativo, se han tramitado una serie de acuerdos relativos al Plan Estratégico de Subvenciones de 2020. Este programa, dotado con 8,5 millones de euros, servirá para mejorar la situación económica de los ayuntamientos madrileños. Las modificaciones llevadas a cabo en el Programa de Inversión Regional (PIR) permitirán destinar más de 130 millones gasto corriente, pudiendo los consistorios dedicar las cantidades asignadas en sus municipios.
Según la presidenta regional, Isabel Díaz, es necesario que los ayuntamientos puedan utilizar el 100% del superávit de sus cuentas para afrontar los efectos económicos.
