Madrid reduce en un 65% las viviendas públicas ocupadas

La Comunidad madrileña ha reducido en un 65% la ocupación de viviendas mediante el método conocido como patada en la puerta o asalto, desde la puesta en marcha de la Mesa contra la Ocupación y por la Vivienda el pasado mes de octubre de 2019.

Así lo ha adelantado el consejero de Vivienda regional, David Pérez, que ha visitado hoy una vivienda bunkerizada, según la denominan los técnicos de la Agencia de Vivienda Social -AVS-, en el distrito de Tetuán. Su objetivo es preservarla, evitar su ocupación y poder adjudicarla a personas o familias en situación desfavorable. Este procedimiento consiste en la instalación de una puerta antivandálica y el chapado de las ventanas del inmueble.

La Comunidad destina 4 millones de euros anuales a seguridad, reparación y bunkerización de viviendas de la AVS, formada por más de 23.200. El objetivo es evitar ocupaciones y poder reparar inmuebles, una vez desocupados, para entregárselos a familias con escasos recursos o en situación de vulnerabilidad.

En algunos casos se hace necesario proteger terrazas, e incluso puertas de acceso a las mismas situadas en áticos, para evitar trepados o descolgamientos. El coste de la instalación de cada puerta de este tipo supone un desembolso para la Comunidad de 1.373 euros.

Una vez que la familia recibe la vivienda, es necesario sustituir esa puerta antivandálica y antiocupación por una estándar; lo que supone una nueva reforma que tiene un coste medio de 1.079 euros. En total, a la Administración madrileña le supone estas medidas un coste por vivienda superior a los 2.400 euros.

Pérez ha subrayado que “los ciudadanos demandan nuevas medidas y una legislación que permita que las mafias y los delincuentes que ocupan las viviendas puedan ser desalojados inmediatamente y con todas las garantías legales. Toda vivienda ocupada ilegalmente resta una posible vía de asistencia a aquellas personas o familias que sí necesitan realmente una vivienda, debido a su estado de precariedad o vulnerabilidad”, ha señalado el consejero.

“En el caso de la Administración regional, -ha señalado Pérez- lidera el ranking nacional con más de 23.200 viviendas públicas. El objetivo de la AVS es destinarlas a aquellas familias que cuentan con escasos recursos».

“Según los datos que disponemos en zonas donde se es más beligerante contra la ocupación se ha reducido el número de pisos ocupados como es el caso de la Comunidad de Madrid. Cuanto más permisiva sea la Administración, mayor nivel de ocupación encontraremos”.

BUENOS DATOS DE LA MESA CONTRA LA OCUPACIÓN
Pérez ha destacado que desde la creación de la Mesa se ha reducido a la cuarta parte, el número de viviendas asaltadas mensualmente; es decir hay un 65% menos de viviendas asaltadas que en el año 2018. “Los datos que manejamos para el presente ejercicio son bastante positivos, confiando en que el año 2020 alcance cifras similares”, ha señalado Pérez.

Pese a que hay numerosas modalidades de ocupación, la reducción más notable ha sido la del más violenta, la denominada patada en la puerta. La media se ha reducido drásticamente, pasando de una media de 6,5 viviendas ocupadas al mes, a tan solo 2,4 viviendas ocupadas actualmente; es decir, una reducción de hasta el 65%.

Entre las medidas para evitarlas, se encuentra la monitorización de las promociones más conflictivas y la identificación de aquellas zonas, donde existe una mayor conflictividad. Además, se han mantenido encuentros con la Delegación de Gobierno para coordinar más medidas de control.

Se han llevado a cabo acciones de coordinación con las autoridades judiciales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales. Estas han sido mediante protocolos de actuación que ayuden a las policías locales a mejorar sus actuaciones ante el fenómeno de la ocupación y cómo actuar inmediatamente después de recibir un aviso de ocupación, ya que las primeras 24 horas son cruciales para poder resolverlas de manera satisfactoria.

Se ha mantenido un encuentro con la fiscal y la jueza decana de Madrid, para impulsar medidas entre la administración autonómica y la justicia madrileña; instando a que se den facilidades a la policía judicial para identificar a los presuntos responsables, ponerlos a disposición de la autoridad judicial y proceder a la devolución del inmueble.

Igualmente se ha denunciado la presencia de mafias que presuntamente controlan, negocian y cometen delitos en inmuebles de titularidad de la AVS.

Desde el comienzo de la presente legislatura se han iniciado 600 expedientes cuyo objetivo es la recuperación de viviendas sociales. La AVS ha recuperado en este primer año de legislatura casi doscientos inmuebles y trabaja en la recuperación de más viviendas.

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