La Comunidad de Madrid destina 1,8 millones de euros a realojo, inspección y seguimiento de las viviendas afectadas por la L7B de Metro

El Consejo de Gobierno aprobó el 5 de octubre la inversión de 1,8 millones de euros para la contratación de emergencia del servicio de realojo, vigilancia del inmueble, inspección, seguimiento y refuerzo estructural, medidas de seguridad y salud del edificio situado en la calle Rafael Alberti, 7, desalojado el 20 de septiembre como consecuencia de las obras de la Línea 7b de Metro.

Las actuaciones incluyen el realojamiento de las 16 familias de Rafael Alberti, 7, portales 3 y 4 durante 12 meses y de los portales 1 y 2 (14 vecinos) para 30 días, tiempo suficiente para que puedan regresar a sus casas al haberse instalado ya un apeo estructural que garantiza la seguridad de acceso de los inquilinos. Del mismo modo, el Gobierno regional se hará cargo de la manutención, mudanza y custodia en guardamuebles, gastos de transporte entre puntos de alojamiento y San Fernando, suministros en las viviendas desocupadas y en destino, plazas de garaje de estacionamiento privado durante la duración del encargo y servicios inmobiliarios.

Dentro del proceso de auscultación continua en el entorno del pozo de bombeo de la línea 7b en San Fernando, la Dirección General de Infraestructuras realizó visitas de inspección e instrumentalización en los meses de julio, agosto y septiembre de 2022 y determinó que es necesario llevar a cabo trabajos de consolidación de terreno, que abarcará unos 10.000 metros cuadrados y que afectarán a las calles Rafael Alberti, Presa, Pablo Olavide, Francisco Sabatini y Nazario Calonge cuyas obras empiezan hoy lunes.

Según el Ejecutivo autonómico continúa reuniéndose con las familias afectadas de la línea 7B de Metro de San Fernando para actualizarles, de primera mano, la información en relación a sus viviendas y los siguientes pasos que se pondrán en marcha. Así se hizo el viernes pasado con un encuentro con estos vecinos y los de la calle Presa 17, 19, 21, 23, 25 y 27 para informales del próximo derribo de sus viviendas tras haber recibido la notificación por parte del Ayuntamiento de San Fernando de la declaración de ruina.

Desde la Comunidad no se escatima ningún recurso humano y económico para solventar cuanto antes esta situación. Por el momento, se ha invertido más de 30 millones en rehabilitación de viviendas como en la mejora y estabilización del terreno. Además, desde septiembre 2021, el Gobierno regional ha destinado más de 1,4 millones de euros (que se suman a los aprobados el pasado miércoles) para los realojos de los vecinos, mudanzas, alquiler de los pisos en los que se han instalado, la manutención y los traslados.

PIDEN AYUDA A PEDRO SÁNCHEZ
Los afectados por la Línea 7B de Metro en San Fernando han escrito una misiva al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en busca de soluciones para su problema y han pedido que acuda a visitar la zona.

«Sé que esto no ha sido por un fenómeno natural, como el volcán de la Palma, ni un terremoto como en Lorca, pero estamos en la misma situación sin casa, sin enseres, sin recuerdos. Ha sido una negligencia obra de la Comunidad de Madrid, pero le rogaría que pudiera venir a conocernos, a descubrir la trastienda de cada una de nuestras lágrimas, nuestra ansiedad y nuestra desolación», reza la carta enviada en el mes de septiembre.

En la misma, los afectados recuerdan que en 2005 el entonces presidente del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, visitó El Carmel después de que el Metro de Barcelona causase un socavón y prometió ayudas por valor de 16 millones de euros a los vecinos afectados por este suceso.

APELAN A LA SOLIDARIDAD DEL PRESIDENTE
Asimismo, censuran a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a quien reprochan el «fracaso de encontrar una solución empática» para los afectados por la L7B de Metro por lo que han optado por apelar a la «solidaridad y ayuda» de Pedro Sánchez.

«La Justicia no es una limosna, la Justicia en un país democrático debe escribirse con mayúsculas y en nuestro caso después de un año fuera de nuestros hogares malviviendo en apartahoteles no está existiendo. Espero atienda nuestra desesperada llamada a su comprensión, solidaridad y ayuda», concluye la carta.

Esta misiva se envió cuando iba a acabar el contrato de emergencia relativo a las primeras casas derruidas lo que significó que a mediados del pasado mes los primeros vecinos desalojados ya no pudieran residir en los apartahoteles que había habilitado la Comunidad para tal efecto.

Desde entonces el Gobierno regional está tramitando las indemnizaciones de aquellos que han perdido su casa, han desalojado a más vecinos, se han derruido más inmuebles y hoy lunes empiezan los trabajos de la consolidación de 10.000 metros cuadrados de terreno alrededor de la ‘zona 0’ con los que el Ejecutivo autonómico pretende estabilizarlo y solventar los desperfectos que van extendiéndose por la localidad.