El alcalde de San Fernando, Javier Corpa; el concejal de Sanidad, Rubén Fernández; y el coordinador de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, José Antonio F. Cañete; junto a otros integrantes de la citada entidad, se dieron cita, ayer, a las puertas del centro de Atención Primaria ubicado en la plaza de Ondarreta para volver a denunciar los recortes en la materia aplicados por la Comunidad de Madrid.
Las citadas instalaciones han sufrido una merma en la plantilla de pediatras del 50%, pasando de cuatro a dos profesionales y, además, las familias que solicitan nueva asignación de médico para la población infantil son derivadas, directamente, al Hospital del Henares. “Conocían sobradamente esta grave circunstancia, porque estas dos personas pidieron su traslado hace cerca de un año, y no han hecho absolutamente nada para cubrir esas vacantes. Llevamos así tres semanas. Además, los viernes por la tarde no hay consulta de pediatría, y los lunes y miércoles, solo hasta las 18 horas; y en ‘Los Alperchines’ falta otro pediatra”, apostilló Cañete.
A todo ello se une, el cierre de las urgencias ambulatorias desde el día 22 marzo del pasado año; una situación “totalmente intolerable”, tal y como aseguró el primer edil, en cualquier momento pero, más si cabe, en plena pandemia.
Recordar que el mandatario local ha vuelto a remitir una carta al Gobierno autonómico reclamando soluciones inmediatas, así como una reunión para abordar estos asuntos que, todavía, no ha recibido respuesta. Se comprometió a contactar con sus homólogos de localidades colindantes al objeto de establecer un marco de actuación común. “Vamos a poner en el punto de mira al Ejecutivo regional, que es único y verdadero responsable y exigiremos, una y las veces que haga falta, una sanidad pública y de calidad de la mano de la plataforma”, indicó Corpa, quien denunció la saturación y presión en el hospital fruto, también, del cierre de las urgencias del Centro de Salud Jaime Vera de Coslada. “Nos queda la presión, y en eso vamos a trabajar en estas jornadas (…), porque las reivindicaciones son la alternativa para revertir esta problemática y, si debido al virus no se pueden realizar de forma presencial, buscaremos otras fórmulas. La derivación de un paciente COVID a la sanidad privada supone 2.000 euros o, incluso, más. Siempre es lo mismo: negocio, negocio y negocio”, aseveró.
El regidor hizo un llamamiento a los vecinos. “Cuando no les atiendan, que pongan una reclamación por escrito y den traslado de esa queja al Ayuntamiento”.
