La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno central que la nueva Ley de Educación sea fruto del consenso y respete la libertad de elección de centro docente de las familias. Así se lo ha trasladado el consejero de Educación y Juventud del Gobierno regional, Enrique Ossorio, a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en la reunión que han mantenido hoy para tratar asuntos del sector que conciernen a ambas administraciones.
Ossorio se ha mostrado preocupado ante varios puntos de la propuesta normativa del Ejecutivo central durante el encuentro celebrado en la sede del Ministerio. En su opinión, se atenta contra el principio básico de la Constitución Española de garantizar el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación de acuerdo con sus propias convicciones.
El consejero ha pedido que la nueva ley educativa debe ser fruto de un Pacto de Estado por la Educación y ha añadido que el proyecto normativo no es consecuencia del consenso de la comunidad educativa, ni de los partidos políticos, ni de las comunidades autónomas. “Es una ley que recupera el espíritu de la LOE, que es la que marcó los peores datos de fracaso escolar, y es un ataque a la calidad de la enseñanza porque se eliminan elementos absolutamente necesarios para la misma, como los estándares de calidad”, ha subrayado el consejero.
Ossorio ha preguntado cómo se va a articular dentro de esta Ley “eliminar las referencias a la demanda social”, como se recoge en el primer borrador y que, junto con el punto del acuerdo de Gobierno de PSOE y Podemos, habla de “blindar la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo”.
“Parece un claro ataque a la educación concertada, uno de los modelos más demandados por los padres y que afectaría al 30% de las familias madrileñas”, ha afirmado el consejero madrileño. Del mismo modo, le ha trasladado su inquietud ante otro de los puntos de este acuerdo como el que garantiza la ‘eliminación de la segregación escolar por sus necesidades educativas especiales’, lo que dejaría sin Centros de Educación Especial a unos alumnos para los que es imprescindible este tipo de escolarización.
Del mismo modo, el Gobierno regional se muestra en desacuerdo con la iniciativa de la nueva Ley de “recuperar el papel del Consejo Escolar y de la Administración educativa en los procedimientos de selección y despido del profesorado de los centros concertados”, ya que supone un ataque más a este tipo de enseñanza, además de suponer una confrontación ideológica contra la titularidad privada de estos centros.
Además, la Ley educativa que propone el Gobierno de Sánchez pretende suprimir los estándares de aprendizaje evaluables que son los que permiten medir el grado de la adquisición de las competencias y pretende que los alumnos de Bachillerato puedan obtener el título con una asignatura suspensa, con lo que se seguiría perjudicando la política de calidad, esfuerzo y mérito, uno de los pilares educativos de la Comunidad de Madrid.
Finalmente, el consejero de Educación y Juventud ha mostrado la necesidad de que se establezca una prueba a final de Bachillerato a nivel nacional que garantice cierta equivalencia para acceder a la Universidad en toda España.
