Mientras en San Fernando de Henares se llevan a cabo nuevos derribos de viviendas afectadas por las obras del Metro en la calle Presa, hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba durante la celebración del pleno de la Asamblea de Madrid que se ampliarán las indemnizaciones para los afectados. Según la respuesta de Ayuso al grupo parlamentario de Unidas Podemos, estas indemnizaciones se incrementarán  hasta alcanzar «entre 10.000 y 63.000 euros por vivienda atendiendo al daño moral por conviviente».

La presidenta regional también aseguró que la Consejería de Transportes e Infraestructuras está contactando desde esta mañana «uno a uno» con las familias afectadas, aunque tanto desde la Plataforma de Afectados por Metro como desde la Asociación de Afectados Presa-Rafael Alberti afirman que, hasta el momento, no se ha producido ninguna comunicación en este sentido.

Indemnizaciones por «daño moral»

Según Ayuso, la ampliación de estas indemnizaciones se produce gracias a que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid han encontrado la «posibilidad» de aumentar esas cuantías hasta el «máximo legal». La clave radica en el «daño moral», una de las principales reivindicaciones que los afectados han planteado en reiteradas ocasiones. Hasta este anuncio, el importe de las indemnizaciones oscilaba entre los 136.000 euros y los 355.000 euros por inmueble. Con este aumento, las indemnizaciones podrían alcanzar los 418.000 euros.

El declaraciones realizadas a La Quincena, el presidente de la Asociación de Afectados Presa-Rafael Alberti, Juan Fuentes, afirmó que ya había planteado esta posibilidad a los responsables del Ejecutivo regional en una reunión mantenida hace dos meses con el viceconsejero de Transportes e Infraestructuras, Carlos Díaz-Pache. En dicha reunión, Fuentes les transmitió que «si tanta dificultad tienen ustedes en establecer un máximo legal tienen una oportunidad espléndida de hacerlo a través del daño moral«. Tal y como explica Fuentes, «el daño moral es una indemnización que no tiene un máximo legal, sino que se establece en base a negociaciones». «Parece ser que tuvieron a bien estas palabras y han rectificado. Ahora bien, desconocemos cómo va a aplicar», señaló.

Cautela entre las asociaciones de afectados

Por su parte, ¿cómo han recibido los vecinos afectados el anuncio de la presidenta regional? En principio, impera la cautela y el escepticismo, ya que no disponen de más información que las declaraciones realizadas hoy en el pleno de la Asamblea de Madrid. Sin embargo, a pesar de esta ampliación, tanto desde la Plataforma de Afectados por Metro como desde la Asociación de Afectados Presa-Rafael Alberti siguen considerando que, en base a la información con la que cuentan, las indemnizaciones continúan siendo «insuficientes».

«Nosotros no queremos comenzar una vida nueva, queremos retomar la que ya teníamos, que se nos vio truncada por una mala praxis de la Comunidad de Madrid en la ejecución de la obra de la Línea 7B de Metro, por lo tanto, creemos que es insuficiente, pero todo lo que sea a mayores, siempre va a ser bienvenido», declaró el presidente de la Asociación de Afectados Presa-Alberti, Juan Fuentes.

Por su parte, desde la Plataforma de Afectados por Metro, Eloy Rodríguez también apuntaba que «si las condiciones fueran razonables, los vecinos solo están esperando soluciones». «Si se soluciona su situación dándole una indemnización por el daño que se le ha causado y ese daño queda reparado, todo el mundo contento», afirmó. Sin embargo, también recordó que, más allá de las familias que están esperando la resolución de su expediente de indemnización, «hay por detrás 600 familias esperando soluciones». Entre ellas, muchas no están reconocidas como afectados por las obras del Metro. «Ellos reconocen solo cuatro calles, donde consideran que las viviendas están afectadas a causa de las obras del Metro, pero quedan 12 calles más que no reconocen», destacó Rodríguez.

«La presidenta de la Comunidad de Madrid mintió»

Desde el Ayuntamiento de San Fernando, el acalde, Javier Corpa, también ha respondido a las declaraciones de Díaz Ayuso afirmando que «se demuestra, una vez más, que el Gobierno regional ha mentido al pueblo de San Fernando de Henares«. «Nos hablaban de que el tope legal para las indemnizaciones era más bajo que el que están planteando en estos momentos y por tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid mintió, especialmente a los afectados por Metro».

El regidor sanfernandino volvió a reclamar la puesta en marcha de un plan integral y una ley autonómica que ofrezca soluciones inmediatas a los afectados por las obras de la Línea 7B del Metro. «»Seguimos demandando que los vecinos tengan una vivienda digna, como la que tenían, y además, como alcalde, quiero que mis vecinos y vecinas afectados por Metro puedan seguir viviendo en nuestro municipio», declaró Corpa. Además de conseguir unas «indemnizaciones dignas», desde el Ayuntamiento también se pide el realojo voluntario de los vecinos residentes en las zonas cercanas a los terrenos donde la Comunidad de Madrid está realizando inyecciones de mortero.

«La movilización ha dado sus frutos, las alegaciones que ha presentado la Asociación han dado sus frutos y vamos a seguir en esta pelea porque estamos hablando de la dignidad del pueblo de San Fernando de Henares», concluyó Corpa.

Nuevos incidentes en «El Pilar» y Virgen del Templo

Este anuncio de Díaz Ayuso se produce el mismo día que la Comunidad de Madrid ha comunicado que se solicitará al Ayuntamiento la declaración de ruina total de nuevas viviendas en la calle Pablo Olavide y Ventura de Argumosa para proceder a su derribo en los próximos meses, según informó la Consejería de Transportes e Infraestructuras en un comunicado de prensa. Paralelamente, durante estos días se están acometiendo los trabajos de demolición de varios edificios en el complejo dotacional «El Pilar», además de las viviendas en la calle Presa, desde los  números 17 a 27.

A esto se suman incidentes como la explosión en «El Pilar» del pasado lunes o la intervención de los bomberos el martes por el desprendimiento de cascotes en el rellano de la cuarta planta del número 6 de la calle Virgen del Templo. «El drama es que a día de hoy se siguen derribando más viviendas, que los vecinos que llevamos más de 18 meses fuera de nuestras casas no hemos podido volver a retomar esa vida y nos vemos en peores circunstancias, porque no tenemos ningún tipo de ayuda al alquiler; estamos literalmente en la calle», declaró Fuentes. «No solo se trata de la mala ejecución de una obra, sino de la mala administración que se ha hecho desde que se reconoció de oficio el expediente de responsabilidad patrimonial. No podemos estar más desamparados», sentenció el presidente de esta asociación de afectados.