El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, se ha despedido este martes de su cargo, no sin antes aprobar algunos de los decretos más relevantes de su mandato.

Garrido ha hecho coincidir su último Consejo de Gobierno con la puesta en marcha de los reglamentos del taxi, de los pisos turísticos y de la educación concertada, así como la reactivación de las faraónicas obras de remodelación de La Paz. También, y pese a que la continuidad de su gestión está garantizada con la sucesión en su vicepresidente, Pedro Rollán, el todavía presidente ha dado el último paso previo a la modificación del sector del juego, prometida desde octubre.

‘UBERIZACIÓN’ DEL TAXI

Garrido ha incorporado varias novedades a la nueva regulación del taxi en Madrid, entre ellas la posibilidad de que se pueda fijar un precio máximo para saber lo que costará la carrera antes de comenzar el servicio o pagar de forma individual o recoger a viajeros en municipios diferentes del de la licencia.

A pesar de ello, asociaciones gremiales como Élite Taxi creen que la reforma conlleva la entrada de empresas y no ofrece soluciones a sus demandas, por lo que han advertido de posibles acciones judiciales.

PISOS TURÍSTICOS LEGALES

La Comunidad tenía pendiente de modificación su normativa de pisos turísticos desde 2016, después de que una sentencia anulara varios de sus artículos. Pero, cuando estaba a punto de llevarse a cabo en diciembre, se topó con un nuevo revés judicial.

Hoy ha salido adelante un decreto que obliga a los propietarios a obtener una serie de permisos si quieren dar de alta su residencia -como manda la ley- en el registro de viviendas dedicadas a este uso. De esta manera, deberán presentar una declaración de inicio de actividad y un certificado de idoneidad, similar a la antigua cédula de habitabilidad. Igualmente, habrá que disponer de un seguro de responsabilidad civil, hojas de reclamación o remitir a Policía y Guardia Civil los datos de los huéspedes. También, se limita el número de personas que se podrán alojar en función del tamaño del domicilio, con un máximo de dos para pisos de menos de 25 metros cuadrados y cuatro hasta los 40.

La norma da una moratoria de seis meses a los propietarios para adaptarse a las nuevas exigencias, que dan continuidad a las recientemente aprobadas por el Ayuntamiento de Madrid.

ESCUELA CONCERTADA

La concertada -en su mayoría, a cargo de la Iglesia católica-, acapara ya un tercio del alumnado madrileño, unos 365.000 estudiantes repartidos por medio millar de centros. A partir de ahora, la Comunidad podrá conceder con «preferencia» los conciertos a colegios e institutos en régimen de cooperativa que atiendan a poblaciones escolares en condiciones económicas «desfavorables» o a los que propongan proyectos «de interés pedagógico», singularmente, relacionados con alumnos con necesidades específicas. Ahora bien, el primer criterio será, siempre, que exista una demanda «por parte de las familias».

CASTIGO A LOS ACOSADORES

Garrido ha dado luz verde al decreto de convivencia escolar. Con este documento, la Comunidad define los diferentes tipos de faltas relacionadas con el acoso escolar y cómo actuar ante cada una de ellas. Independientemente de las acciones legales que puedan adoptarse, este régimen sancionador viene a armonizar las normas internas de conducta en los centros educativos y empezará a funcionar a partir del próximo curso. Las faltas más graves (que pueden culminar con la expulsión del menor) son «el acoso físico o moral» a los compañeros, las «amenazas o insultos» a profesores, actos de intimidación o violencia, «la grabación y difusión de agresiones o humillaciones» y la «discriminación» por cualquier razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual u opinión.

EL SECTOR DEL JUEGO

Por último, el Consejo ha acordado remitir a los servicios jurídicos la nueva normativa sobre juego, el paso previo a su aprobación. Este texto ha sufrido llamativos cambios desde que se anunciara en octubre un doble borrador.

El PP ha incorporado una distancia mínima de cien metros entre centros educativos no universitarios y salas de apuestas. También, ha admitido prohibir la instalación de máquinas recreativas infantiles que simulen tragaperras y destinar un 0,7% de la recaudación impositiva a la lucha contra la ludopatía. Además, se prevén multas de hasta 9.000 euros a los locales que permitan la entrada a menores.