Tiendas de campaña, sillas de camping, bolsas y mochilas…  Desde la mañana de ayer, este es el paisaje que presenta el parque sanfernandino Pablo Zerolo, situado justo enfrente de la Oficina de Atención a los Afectados por Metro de San Fernando de Henares abierta el pasado mes de octubre por la Comunidad de Madrid. Hasta ahora, 24 familias afectadas, antiguas residentes de las calle Presa y Rafael Alberti, han dicho «basta» y han decidido comenzar una acampada de protesta de duración indefinida en este parque, ubicado en la calle Ventura de Argumosa.

Esta mañana, la rueda de prensa convocada por los vecinos de la Asociación de Afectados Presa-Rafael Alberti tuvo lugar al aire libre, en un día mucho más fresco que los precedentes, en el mismo lugar en el que estas familias han pasado su primera noche. En este escenario, el presidente de esta asociación, Juan Fuentes, explicó el motivo de este campamento. Después de la finalización de las ayudas al alquiler para las 27 familias afectadas de las calles Presa y Rafael Alberti, según relata Fuentes, hace dos días los representantes de esta asociación fueron convocados a una reunión por el viceconsejero Carlos Díaz-Pache pero, al llegar a la misma, sin embargo, fueron recibidos únicamente por la vicesecretaría técnica.

«Nos dijeron que iban a tomar nota de todas nuestras cuestiones, que darían respuesta a las que verdaderamente tuvieran relación con los expedientes de responsabilidad patrimonial, pero que a otras no podían darnos respuesta porque no estaban autorizados», relató Fuentes. «Nosotros necesitamos respuestas políticas«, afirmó.

Retraso en la resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial

Según cuenta Fuentes, cuando comunicaron al resto de familias afectadas el contenido de esa reunión, la reacción fue de la sorpresa a la indignación y la incredulidad. «Se están riendo de nosotros, no puede ser. Se sabía desde hace meses que se nos agotaba la ayuda a  la alternativa habitacional y había que prorrogarla», prosiguió Fuentes. No obstante, aunque la Comisión de Transportes anunció esa prórroga el pasado 15 de marzo y se estableció una orden de emergencia que amparaba a estas familias hasta el 20 de septiembre del pasado año, a la que siguió una ayuda de 798 euros mensuales durante seis meses, a día de hoy los expedientes siguen sin resolverse y en consecuencia, las ayudas no llegan. » Si los expedientes de responsabilidad patrimonial aún no están resueltos no es por culpa nuestra, es una mala administración«, denunció Fuentes.

Las consecuencias que han supuesto para los afectados la gestión de esta situación por parte del Ejecutivo regional han desembocado en lo que podemos ver hoy en este parque de San Fernando: 24 familias viviendo en una tienda de campaña. «No queremos estar aquí y no hemos pedido estar aquí. Nos vemos abocados donde nos han dejado. Si no tenemos ayuda para mantener ese alquiler, ¿dónde nos quedamos? En la calle«, sentenció Fuentes.

El bloque de 27 viviendas ubicado en la esquina de las calles Presa y Rafael Alberti en los que residían estas familias tuvo que ser desalojado hace más de año y medio. Posteriormente, el edificio fue declarado en ruinas y finalmente, derribado. Además, existen otras 27 viviendas pendientes de demolición, ubicadas en las calles Presa, Pablo de Olavide y Ventura de Argumosa. El pasado 8 de marzo, comenzó el derribo de los primeros edificios en la calle Presa.

«Nadie ha recibido un sólo céntimo»

Los vecinos afectados por esta situación denuncian que, a pesar de los anuncios, siguen sin recibir respuestas ni soluciones por parte de la Comunidad de Madrid. «Desde la Consejería se habla de que ya están a disposición las indemnizaciones y no es cierto. Ni los vecinos que se han visto abocados a aceptar esas indemnizaciones, que ya las tienen acordadas, han recibido un solo céntimo», afirmó rotundamente Fuentes. Estas indemnizaciones ya pactadas afectan a 16 plazas de garaje y 2 viviendas. Después de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunciara el pasado mes de marzo la ampliación de las indemnizaciones de entre 10.000 y 63.000 euros por conviviente, atendiendo al «daño moral«, el resto de familias aseguran seguir sin tener noticias de esa segunda propuesta de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, Eva María Medina, otra de las vecinas afectadas que desde hoy reside en este campamento, destacó que «esto es un espejo, porque mis vecinos, que aún viven en sus casas, tienen miedo de que les pase lo que me está pasando a mí«. A pesar de las duras circunstancias en las que se encuentran, Medina aseguró que seguirán adelante en su lucha. «La gente me pregunta cómo estoy y, hoy en día, estoy más fuerte que nunca, pero, ¿sabéis porqué? Porque tengo rabia, impotencia… Ya no tengo pena porque esa casa no la voy a recuperar, ni mis recuerdos, pero no quiero que ningún vecino más pene más por esto, por una negligencia y un abandono«, declaró emocionada.

Acampada de duración indefinida

En cuanto a la duración de esta acción de protesta, los representantes de esta asociación se mostraron firmes al afirmar que permanecerán allí hasta que se alcance una solución definitiva para todos los afectados: «Este campamento seguirá e irá creciendo, nos cueste lo que nos cueste: vida, salud, trabajo… pero, dignidad, la tenemos, y eso no nos lo quita nadie», sentenció Medina.

Mientras recordaban sus duras experiencias, los comparecientes en esta rueda de prensa también tuvieron palabras de agradecimiento para el apoyo y la solidaridad demostrados por los vecinos, amigos y familiares, tal y como destacaba Javier Madueño, vecino de Rafael Alberti con un negocio en la calle Báscula. Como el resto de afectados, Madueña reclamó empatía a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante esta situación: «Pensad primero en las personas. (…) Que arranque esa parte de humanidad,  que creo que debe de tenerla, y solucione ese problema de una vez».

Así fue la primera jornada de esta acampada de protesta

Fotos cedidas por Iván Fuentes Medina

El Ayuntamiento muestra su «total apoyo» a los afectados

Por su parte, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares afirma mostrar tu «total apoyo a los vecinos afectados» y ha ofrecido respaldo logístico y cedido las instalaciones del pabellón deportivo M3 a las familias de este campamento. El alcalde sanfernandino, Javier Corpa, aseguró que el Gobierno regional «está llevando a estas familias al límite y está maltratando a este municipio». Después de iniciarse esta acción de protesta en la mañana de ayer, el regidor afirmó haber tratado de ponerse en contacto con la Comunidad de Madrid, sin éxito, y reclamó de nuevo la puesta en marcha del Plan Integral aprobado en sede parlamentaria en diciembre de 2021, así como una ley autonómica que permita solventar esta situación de forma definitiva.

FOTO DE PORTADA CEDIDA POR IVÁN FUENTES MEDINA