La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el teléfono 112 Okupación cuyo objetivo es contribuir a la lucha contra la usurpación ilegal de inmuebles.
Para ello, se creará una Oficina contra la okupación con un teléfono 900 gratuito al que se podrá avisar de una posible ocupación ilegal o intento de ocupación.
El proyecto se concreta crear un Centro de Coordinación Municipal, que establezca un sistema de información a las fuerzas de seguridad y administraciones competentes en casos de ocupación ilegal de inmuebles.
ASESORAMIENTO A LOS MADRILEÑOS
De este modo, cuando se reciba una llamada en 112 Okupación, se pondrá el caso en conocimiento de las autoridades competentes.
Se trata de coordinar actuaciones entre víctimas, administraciones y fuerzas de seguridad para agilizar al máximo la resolución de las ocupaciones ilegales; siempre garantizando el principio de seguridad jurídica y respetando el marco legislativo de aplicación.
El objetivo es dar apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policías Locales y ayuntamientos en la lucha de esta lacra. Actualmente afecta a unas 4.000 viviendas en toda la región (unas 2.000 de la Agencia de Vivienda Social (AVS) y otras de promociones privadas de particulares o banca).
TRABAJO CONJUNTO DE JUSTICIA Y VIVIENDA
En este nuevo servicio trabajan la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas y la Consejería de Vivienda y Administración Local. El proyecto forma parte de la nueva Estrategia integral de Seguridad con la que se quiere avanzar en el desarrollo competencial de los cuerpos de Policía Local y la homogeneización de criterios en la ejecución de sus funciones.
Ambas consejerías vienen desarrollando distintas actuaciones. Así, en octubre de 2019 se constituyó la Mesa de Vivienda y Okupación, donde estuvo presente el Ayuntamiento de la capital. Se mantuvo una primera reunión con la fiscal provincial y la juez decana de Madrid para abordar la situación. Posteriormente, en noviembre, se remitió a los alcaldes de la región un protocolo de actuación ante las ocupaciones ilegales.
En enero de 2020, el Gobierno regional presentó una denuncia de ocupaciones por distintas ‘mafias’ producidas en viviendas de la AVS, con unas 2.000 afectadas. En este sentido, desde el comienzo de Legislatura se han iniciado 650 expedientes para la recuperación de viviendas y locales públicos; la AVS ya ha podido recuperar 233 viviendas y locales que se encontraban usurpados. Igualmente, se han remitido 329 expedientes a los juzgados para recuperar más viviendas públicas.
Con los actuales datos tras, una reducción ocupacional asociada al confinamiento, los números ya han recuperado los niveles del mismo periodo del año anterior; incluso hubieran sido superados si no fuera por la actuación del Servicio de Vigilancia y Seguridad del Patrimonio Inmobiliario de la AVS. Así, durante el 2019 se evitaron 117 ocupaciones y en lo que llevamos de año ya se ha alcanzado la cifra de 81.
Entre las sugerencias que realiza el Gobierno regional se encuentran que en las denuncias penales se dicte como medida cautelar el desalojo inmediato o la posibilidad de crear un Juzgado único para procedimientos de desalojos de viviendas ilegalmente ocupadas.
Durante este año, la Comunidad de Madrid ha solicitado dos reuniones con la Delegación de Gobierno regional para tratar el asunto instando al Ejecutivo central a que tome medidas urgentes de carácter legislativo que eviten estos episodios.
