La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo una operación que ha finalizado con la detención de tres personas. Además, se ha destapado un fraude de 3.317.689,66 euros generado por el impago de seguros sociales a través de un entramado empresarial compuesto por 5 sociedades mercantiles y 13 asociaciones, cuyas actividades giraban en torno al arbitraje, el asesoramiento jurídico y la gestión del alquiler.

La mayoría de los detenidos utilizaban la figura jurídica de asociación, debido a que la ley en estos casos es mucho menos estricta. Además, todas las empresas compartían la misma unidad de dirección, formada por el presunto responsable de la trama, su ex cónyuge y la madre de este. Asimismo, dos de los fundadores, abogados ejercientes con conocimientos en derecho, utilizaban a la madre octogenaria del cabecilla como testaferro.

Con el fin de eludir el pago a la Seguridad Social, los detenidos realizaban trasvases de los trabajadores entre las distintas entidades, dando de alta a empleados en empresas con actividad insignificante y reduciendo la plantilla en otras que tenían una importante actividad económica, produciendo así una confusión de plantillas y una confusión patrimonial. Según mostraban los informes patrimoniales, las empresas no tenían bienes pese a que en las actas fundacionales de las asociaciones y en las escrituras de constitución de las empresas aparecían patrimonios, fondos sociales o capitales sociales muy elevados.

A los tres detenidos se les imputa un delito contra la Seguridad Social a consecuencia de la deuda generada, que en muchos casos superaba la cuantía de delito económico (50.000€), e incluso la de tipo agravado (120.000€). También se les imputa un delito de frustración de la ejecución como resultado de las maniobras realizadas con el fin de obstaculizar y dificultar el cobro de las mismas.

Además del fraude a la Seguridad Social, los detenidos estaban acusados, con anterioridad, por un dudoso negocio que consistía en la venta de seguros contra inquilinos morosos en cuyo contrato se establecía que, en caso de desalojo, el procedimiento no tenía ningún coste, aunque en la práctica no fuera así. Por ello, en el momento de la detención, constaban, sobre el principal acusado, tres órdenes de detención y una de averiguación de paradero y domicilio.