La Comunidad de Madrid quiere mejorar la intercomunicación entre el registro nacional y los registros regionales de personas con problemas con el juego. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha trasladado esta posición durante la celebración del Consejo de Políticas del Juego.
A juicio de López, la mejora en el intercambio de información de estos registros, facilitados voluntariamente por los autoexcluidos, es “fundamental para asegurar la protección efectiva de los ciudadanos en todas las regiones de España”.
El consejero ha defendido este modelo de registro, que permite a los madrileños elegir el tipo de juego sobre el que quiere ser autoexcluido. López ha pedido al ministro de Consumo elaborar una propuesta única de aproximación técnica y normativa de los distintos registros de prohibidos en el plazo de cuatro meses, y que una vez aprobada en el Consejo de Políticas del Juego se realicen las correspondientes modificaciones normativas y los desarrollos tecnológicos en el plazo de un año.
“Siendo una actividad legal, el juego puede ser perjudicial en términos de salud pública; por ello las administraciones debemos proteger a todos los ciudadanos, con independencia del lugar geográfico en el que vivan”, ha defendido.
En la actualidad en nuestra región hay 2.925 personas inscritas en el Registro de Intervenciones de Acceso al Juego. De 7.770 inscripciones, 2.136 son en casino, 2.630 en bingos, 1.150 en locales de apuestas, 1.061 en máquinas de salón y 793 en juego online.
PROTECCIÓN A LOS MÁS VULNERABLES
Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno regional ha aprobado el Decreto de Suspensión de concesiones de nuevas autorizaciones de apertura de estos locales; una medida vigente desde el pasado 29 de noviembre y que se mantendrá hasta la aprobación del nuevo Decreto de Planificación que permita ordenar el crecimiento futuro de la actividad.
Asimismo, se está estudiando la modificación de la Ley del Juego regional, para mejorar todo lo relativo a la publicidad de esta actividad en medios de comunicación regionales; así como endurecer las sanciones para los casos en los que se detecte la presencia de un menor en un local. Esta reforma contempla pasar de la actual sanción de 9.000 euros como máximo a una de hasta 600.000 euros.
Con estas reformas se pretende mejorar la normativa y combatir los efectos nocivos del juego, una actividad que puede generar problemas de salud pública.
