La ciudad de Torrejón de Ardoz se ha convertido en noticia estos últimos días tras la enorme polémica generada después de que el diario ‘El País’ desvelara unos audios filtrados sobre una reunión de la junta directiva del Grupo Ribera Salud, empresa gestora del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, mantenida el pasado 25 de septiembre. En esas grabaciones, el CEO del grupo, Pablo Gallart, insta a los directivos a hacer ajustes para aumentar los beneficios de la compañía.
Tal y como revela ‘El País’, Gallart propuso alargar los tiempos de las listas de espera de los pacientes atendidos en este centro hospitalario: «En Torrejón, en el año 22 y 23, decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino«. En estas grabaciones publicadas en primicia por ‘El País’, el directivo del Grupo Ribera pide dejar de reducir el número de intervenciones no rentables, apuntando que una mayor demora en la lista de espera quirúrgica reduciría el gasto en recursos y personal del centro hospitalario. El objetivo final, según afirma Gallart en estos audios, sería «alcanzar un EBITDA de 4 o 5 millones de euros«.
Tal y como señalan varios medios de comunicación, en el caso concreto del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, el dinero que recibía de la Comunidad de Madrid por la gestión de este centro hospitalario, que da servicio a 160.000 ciudadanos, era el mismo, independientemente del número de pacientes al que atendieran.
La estrategia empresarial que apuntan estas filtraciones sobre la empresa concesionaria de la gestión del hospital público de Torrejón de Ardoz han desatado un auténtico escándalo sanitario, generando un enorme malestar y una gran indignación entre los vecinos torrejoneros y reabriendo el debate sobre el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid y los riesgos que implica dejar la gestión de un servicio público crucial como la sanidad en manos de las empresas privadas.
Reacciones desde la Consejería de Sanidad madrileña
Desde el Grupo Ribera se justifican afirmando que las afirmaciones realizadas durante esta junta directiva a las que ha tenido acceso ‘El País’ han sido sacadas de contexto, pero las reacciones políticas no se hicieron esperar. El pasado miércoles, 3 de diciembre, el Ejecutivo regional presidido por Isabel Díaz Ayuso convocó a la empresa gestora del hospital a una reunión de urgencia, después de la cual la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid anunció que Pablo Gallart, CEO del Grupo Ribera Salud, quedaría desvinculado del centro hospitalario torrejonero.
No obstante, desde la Consejería de Sanidad se afirma que hasta la fecha no se ha detectado «ningún incumplimiento» por parte de la empresa gestora del hospital torrejonero referente a «las obligaciones derivadas del contrato de concesión de servicio público», aunque ha afirmado que la Consejería «adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder», incluyendo «constatar ‘in situ’ la adecuada prestación de servicio en todos sus ámbitos». En los comunicados realizados desde la Consejería de Sanidad a los medios de comunicación después de la reunión mantenida con la empresa gestora también se transmite que «bajo ningún concepto se va a tolerar ningún tipo de actuación o práctica que pueda perjudicar el acceso a la asistencia sanitaria, que será prestada siempre con la mayor calidad y en igualdad de condiciones de todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud».
La polémica salta a la política nacional
Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado en declaraciones realizadas a varios medios de comunicación que este modelo de gestión sanitaria pone «el dinero por encima de las vidas». Tanto Más Madrid como el PSOE madrileño han anunciado que están estudiando emprender acciones legales contra el Gobierno presidido por Díaz Ayuso en relación a este caso. En la misma línea se ha manifestado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aludió a esta polémica en un post publicado en «X»: «Este es el modelo del PP: hacer de la salud un negocio y de la enfermedad una oportunidad para enriquecerse».
El alcalde, Alejandro Navarro, considera la situación «inadmisible»
A nivel local, el alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, también se ha dirigido a los responsables del Grupo Ribera Salud para exigirle «la inmediata adopción de medidas», considerando que las informaciones publicadas en relación a los audios filtrados son «inadmisibles para esta alcaldía y esta ciudad». En un comunicado oficial remitido a los medios de comunicación, el regidor torrejonero afirma también que «desde la Alcaldía estaremos pendientes y exigiremos que nunca se ponga en juego la salud de nuestros vecinos, manteniéndose los estándares que caracterizan a la sanidad pública madrileña, una de las mejores de España».
