La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, presidió ayer la firma del Pacto Regional por la Vivienda. Un acuerdo con los principales agentes inmobiliarios con el que la Comunidad marca las pautas a seguir en este sector, clave para la recuperación económica. Se trata “del pilar de otros futuros pactos” para paliar “los efectos económicos y sociales de la pandemia; impulsar el sector inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda”, ha indicado la presidenta.
“Queremos convertir la complicada situación en una oportunidad para actualizar el sector de la vivienda. Que este Pacto sea el impulso para la profesionalización del sector y la generalización del I+D y los criterios de sostenibilidad”, ha señalado Díaz Ayuso. También ha destacado que se movilizarán los recursos disponibles, públicos y privados, para reactivar el sector y generar vivienda asequible.
El Pacto se asienta sobre siete pilares que contribuyan a crear empleo y riqueza en Madrid a través de un sector que genera el 7% del empleo directo; el 15% del indirecto; y aporta hasta el 10% del PIB madrileño. Se va a ahondar en la colaboración público-privada para movilizar los recursos disponibles que reactiven el sector para generar vivienda digna a un precio asequible.
También se contempla una adecuada fiscalidad, ya que la repercusión de los impuestos sobre el precio final de la vivienda puede oscilar hasta en un 25% de su valor. El Gobierno regional y el sector consideran imprescindible desarrollar políticas fiscales que bonifiquen y promuevan la vivienda, ya que redundará en un mayor volumen de actividad, generando así mayor recaudación.
El tercer punto es apoyar a la vivienda social, que permitan seguir incrementando el parque público y colaborando con el tercer sector en cuanto a situaciones de vulnerabilidad social.
La Comunidad de Madrid sigue trabajando para que su parque de 23.200 viviendas públicas, se incremente en 1.500 viviendas a lo largo de la legislatura. A lo largo del próximo otoño se avanzará en la tramitación administrativa que permitirá iniciar las 400 primeras viviendas sociales.
La cuarta de las medidas recogidas es la necesidad de llevar a cabo una modernización administrativa. La burocracia provoca retrasos que, ponen en riesgo los proyectos inmobiliarios y los de los propios residentes además de encarecer el precio final.
SEGURIDAD JURÍDICA Y FINANCIACIÓN SUFICIENTE
La seguridad jurídica es el quinto de los puntos acordados, teniendo en cuenta el momento de incertidumbre económica actual, el sector debe contar con un clima de seguridad que favorezca la atracción de nuevas inversiones y la implantación de nuevos negocios y proyectos inmobiliarios que generen riqueza y empleo. Para ello, hay que disponer de un marco regulatorio, estable, transparente y equilibrado que atraiga dicha inversión.
Igualmente, es necesario contar con una financiación suficiente y estable. El acceso a la vivienda, especialmente a la primera, debe facilitarse con un sistema financiero e hipotecario que posibilite su promoción, tanto en régimen de compra como de alquiler. El objetivo es tener un espacio en el que compradores, arrendatarios y promotores eviten tensiones en el mercado que altere el alza en los precios.
El sector vive un momento de oportunidad para su transformación y actualización, propiciando la consolidación definitiva de su profesionalización, mediante la formación dual en la construcción como base, la extensión del I+D, y la apuesta por una industrialización creciente con la consecuente creación de un nuevo tejido productivo.
La sostenibilidad, en su triple dimensión, económica, social y medioambiental, será un eje vertebrador, político y social que deberá marcar la evolución del sector inmobiliario a lo largo de los próximos años.
AVANZA LAS 15.000 VIVIENDAS DEL PLAN VIVE
Diaz Ayuso ha adelantado que antes de final de año sacará los pliegos de 1.200.000 metros cuadrados de suelo para construir viviendas del Plan Vive. Dicho Plan contempla la construcción de 15.000 viviendas con alquileres asequibles y supondrá la creación de 130.000 puestos de trabajo.
Mientras, la Comunidad de Madrid sigue avanzando en la tramitación administrativa con la que pondrá en marcha la edificación de estos inmuebles. Esta ha remitido el proyecto que tendrán que emplear los concesionarios para la asignación de viviendas garantizando una concesión objetiva y ordenada para su construcción.
La Comunidad de Madrid ya dispone de suelos de su titularidad integrados en las denominadas redes supramunicipales que se destinarán al Plan. Hasta el momento se ha analizado la viabilidad urbanística y económica de 72 parcelas localizadas en 27 municipios. Esto permitirá iniciar la construcción de las primeras 9.000 viviendas y movilizará 1.000 millones de euros.
La medida supondrá un impulso de la recuperación del sector inmobiliario y el crecimiento económico de la región. Generará hasta 30.000 empleos directos. Esto propiciará un incremento de la recaudación de impuestos y la reducción de los precios en el mercado del alquiler.
El Plan Vive aumentará la oferta de viviendas asequibles destinadas a la población, que no puede acceder a viviendas sociales de titularidad, o a viviendas libres, bien en régimen de compraventa, o de alquiler, con precios inferiores a los del mercado.
